Entre las detenciones efectuadas el pasado miércoles en la plaza de Nelson Mandela durante una actuación policial, en la que participaron medio centenar de agentes, destacó la de una persona que sólo estaba grabando con su móvil lo que sucedía y que acabó en el suelo, esposado y sin conocimiento, después de la fuerza empleada por los policías municipales que lo inmovilizaron. 

Tras pasar casi un día en comisaría, esta persona, un guineano de 26 años, fue puesta en libertad anoche después de que la magistrada titular del juzgado número 6 de Madrid, actuando como Juzgado de Guardia, estimara el Habeas Corpus presentado por su defensa y declarara ilegal su detención.

Para tomar esta decisión, fue clave para la magistrada la declaración del joven y, sobre todo, las múltiples fotografías y grabaciones de su detención realizadas desde distintos ángulos por testigos presenciales, tal y como queda reflejado en el auto: “Los agentes de Policía Municipal que practicaron la detención se extralimitaron en su actuar, tal y como se visualiza en las grabaciones aportadas por la defensa; imágenes que coinciden con las manifestaciones del detenido”.  

Además de la inmediata puesta en libertad del detenido, la jueza ordenó la apertura de un procedimiento para determinar la posible comisión de delitos por parte de los policías municipales “partícipes en la detención”. Testigos de los hechos increparon a los agentes durante esa detención al considerar que estaban cometiendo un abuso y un uso injustificado de la violencia sobre su persona. Lo que ve probado el auto judicial es una “extralimitación” en el proceder de los agentes.

PARTE DE LESIONES

Al quedar en libertad en la tarde de ayer, el detenido acudió al hospital porque sufría “fuertes dolores, dificultad respiratoria y limitación total de la movilidad de un brazo”, lo que requería tratamiento médico, según miembros de la Fundación Raíces, organización privada sin ánimo de lucro a la que el detenido recurrió en busca de asistencia jurídica y que tiene una relación con el joven desde que éste llegó a España, siendo menor de edad, en 2018. Aunque se encuentra relativamente bien, fue su estado el que causó preocupación durante su detención el pasado miércoles, puesto que la policía lo introdujo en un coche patrulla estando aún inconsciente.

Según Carmen Ordóñez, abogada del joven: “En Fundación Raíces recibimos constantemente relatos de menores y jóvenes sobre actuaciones desproporcionadas por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desgraciadamente no es una práctica aislada, y se dirige en mayor medida contra una parte muy concreta y vulnerable de la población, siempre bajo excusas preventivas de seguridad, pero que, en realidad, no están legitimadas”. “En este caso, gracias a ciudadanos que decidieron no mirar a otro lado mientras sucedía, se ha podido poner en evidencia, pero es necesario que nuestros sistemas de seguridad y justicia se basen en los principios de igualdad, no discriminación y respeto de los derechos humanos, y deben realizarse investigaciones exhaustivas para garantizar que así sea.”

Desde la Fundación Raíces también se indica que el joven guineano goza de protección en España, donde se ha labrado un futuro y trabaja como “metre y modelo”.

Lo sucedido el pasado miércoles en Nelson Mandela comenzó cuando, rondando las 21 horas, unos agentes de la Policía Nacional procedieron a identificar y a registrar a unos jóvenes junto a la fuente de Cabestreros. Al mismo tiempo, una riña en la plaza les obligó a mediar. El ambiente contra la actuación de los agentes en la zona se volvió hostil y se pidieron refuerzos, que llegaron en gran cantidad. A partir de ahí, se detuvo a un senegalés que había participado en la citada trifulca y a otras tres personas que estaban grabando imágenes: dos guineanos y un español. 

Según Policía Nacional, en toda la actuación cuatro agentes resultaron heridos, habiendo sufrido uno de ellos la rotura de la falange de un dedo.

ABUSO POLICIAL

Además de la detención declarada ilegal por la Justicia, de nuevo una grabación ciudadana delató que la policía habría cometido el mismo miércoles otra acción ilegal. 

En la cercana calle de Mesón de Paredes tres policías nacionales retuvieron a una persona, a la cual inmovilizaron en el suelo, y procedieron a borrar de su teléfono móvil las imágenes que consideraron oportunas y que, supuestamente, este individuo habría grabado en Nelson Mandela durante el despliegue policial. Esta acción puede ser objeto de denuncia al vulnerar tanto el derecho a la privacidad del individuo como la protección de datos. 

En ningún momento un policía puede actuar de esa forma. En el vídeo se aprecia, además, cómo se obliga a la persona retenida a desbloquear su dispositivo como condición necesaria para dejarlo marchar.  Los dos ejemplos de proceder expuestos aportan razones a quienes llevan tiempo denunciando abuso de poder y violencia policial en algunas de las actuaciones que los agentes llevan a cabo en la zona y que para Serigne Mbaye, vecino de Lavapiés y Secretario de Antirracismo de Podemos, están agravados casi siempre por un componente racista, tal y como ha vuelto a denunciar a través de sus redes sociales con motivo de todo lo que sucedió en torno a los distintos episodios en Nelson Mandela.

GRABAR A LA POLICÍA

Tal y como hemos apuntado, las imágenes registradas en teléfonos móviles por particulares el pasado miércoles han sido clave para demostrar el mejorable proceder de la policía. Es por eso que no extraña que los agentes se sientan molestos cuando se les graba en el desempeño de su funciones y que, tres de las cuatro detenciones que hubo en Nelson Mandela estuvieran relacionadas con gente grabándoles.

Como la ley otorga al testimonio de los policías presunción de veracidad, su palabra prevalece, en igualdad de condiciones, ante la de cualquier otra persona, de ahí también la importancia de reunir pruebas gráficas como defensa para poder contrarrestar el testimonio de la autoridad en caso de divergencias en las versiones de las distintas partes.

En este sentido, cabe tener claro que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la popular Ley Mordaza, sí permite grabar cualquier actuación policial en la vía pública, aunque indica que se deben respetar ciertos límites. Así, se prohíbe difundir imágenes cuando a través de las mismas se pueda identificar claramente a los funcionarios, poniendo con ello en peligro su integridad o la de sus familias, o se pueda comprometer el éxito de la operación que se esté llevando a cabo. Hacerlo puede tener consecuencias legales. Si la policía observa a alguien grabándola lo que puede hacer es identificar a esa persona para prevenir un posible mal uso de las imágenes que toma. En caso de que esa persona no pueda o no quiera identificarse podrá ser conducida a comisaría con ese fin.

En el caso de la detención declarada ilegal, el ciudadano guineano no pudo o o no quiso identificarse al ser requerido por la policía, tras haberse negado a dejar de grabar con su teléfono por ser conocedor de ese derecho. Según las imágenes, que avalan su testimonio, cuando parecía acceder sin resistencia a que lo llevaran a comisaría para su identificación, inexplicablemente acabó siendo reducido.